Protección a líderes y lideresas rurales: el marco jurídico que debe cumplirse

Las y los líderes rurales que defienden la tierra, el agua y la economía campesina no están solos frente al riesgo: el ordenamiento jurídico colombiano reconoce explícitamente sus derechos y crea mecanismos concretos de protección. Entenderlo es el primer paso para exigirlo.

1. Ley 1448 de 2011 — Víctimas y Restitución de Tierras

Establece el marco general de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Introduce el principio de enfoque diferencial: las medidas deben reconocer las particularidades de mujeres, niñas, niños, personas mayores, LGBTIQ+, personas con discapacidad, comunidades étnicas y campesinas.

2. Decreto 1066 de 2015 — Decreto Único Reglamentario

Compila el programa de prevención y protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Define la ruta de evaluación del nivel de riesgo (CERREM) y las medidas disponibles: esquemas duros y blandos, chaleco, apoyo de reubicación, medios de comunicación.

3. Decreto 2252 de 2017 — Deber de prevención

Establece que alcaldes y gobernadores son los primeros responsables de prevenir violaciones a los derechos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Obliga a adoptar planes de prevención y protección en el nivel territorial.

4. Decreto 660 de 2018 — PIGLD

Crea el Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGLD). Introduce la figura de protección colectiva: ya no solo se protege al individuo, también a la organización y a la comunidad. Incluye medidas de fortalecimiento organizativo, infraestructura, comunicaciones y pedagogía.

5. Estándares internacionales de DIH

Los Convenios de Ginebra, el Protocolo II (1977) y las Declaraciones de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y Campesinado (UNDROP, 2018) establecen obligaciones del Estado y de todos los actores armados frente a la población civil rural.

¿Qué exigimos desde ANZORC?

• Cumplimiento efectivo del deber de prevención por parte de alcaldías y gobernaciones (Decreto 2252).
• Activación oportuna de medidas colectivas (Decreto 660) para las organizaciones campesinas en riesgo.
• Fortalecimiento de la UNP con enfoque territorial, campesino y de género.
• Articulación con las prácticas propias de autoprotección: guardias campesinas, protocolos comunitarios, mapas de riesgo diferenciados.

Esta nota corresponde al Plan de Acción 2026 · Campaña Las Vidas Campesinas Importan (LVCI) · Acción L1.1: notas pedagógicas sobre DDHH, DIH, derechos campesinos y de las mujeres rurales. Consulta las rutas de protección en anzorc.com/autoproteccion-comunitaria.